jueves, 24 de septiembre de 2009

Los Magistrados Supremos

Por Edgar Polo*

Hay dos hechos en la historia reciente que marcan el sino de la administración de justicia. La declaración de inexequibilidad del Tratado de Extradición suscrito con los Estados Unidos hace poco más de un cuarto de siglo y, posteriormente el Holocausto del Palacio de Justicia ocasionado por el M-19 en connivencia con el Narcotráfico. Dicen los que saben de Historia y de Derecho que a partir de entonces declinó la calidad integral de los máximos jerarcas de la Administración de Justicia.

La Corte Suprema tumbó el Tratado de Extradición por un vicio de forma, había sido suscrito por el Ministro Delegatario con funciones presidenciales. Ante las limitadas posibilidades del Estado para combatir un delito que había desbordado las fronteras, era imperativo un instrumento de persecución del delito con eficiencia y castigo que pudiera disuadir al delincuente.

Una de las razones que explica, pero no justifica la actuación de la Corte fué el amedrentamiento que sufrían los integrantes de la Sala Constitucional por parte del Narcotráfico. Hubiera sido mas digno para ellos mismos haber renunciado en masa ante la indefensión en que se encontraban dada la debilidad del Estado. Posteriormente, el Holocausto del Palacio de Justicia hecho que aún arde y lastima en la memoria colectiva.

Ha pasado mucha agua bajo del puente. La Constituyente del 91 creó la Corte Constitucional y la antigua Corte Suprema quedó limitada a ser Corte de Casación en materia Civil, laboral y Penal. Sus sentencias pueden ser revisadas vía acción de tutela en lo que tiene que ver con la preservación de los derechos fundamentales, situación que no han asimilado sus “magistrados supremos”.

Es posible que consecuencia de esta situación sean las acciones frente al Ejecutivo y la Clase Política. El más protuberante, negarse a elegir Fiscal General de la terna elaborada por la Presidencia de la República, tal como lo ordena la Constitución alegando que los ternados no pasan la prueba de “calidades y destrezas”, artilugio sacado del cubilete de su mente prevenida. Si ese exótico examen se les hubiera practicado para acceder a la magistratura, seguramente no estaría sucediendo esto.

Las acciones de los “magistrados supremos” contra el Presidente de la República y la clase política han sido manifiestas. Condenaron a Yidis Medina solo con su auto incriminación sin práctica de pruebas y sin proceso elemental para establecer el delito de cohecho que para su realización exige el concurso de dos, por lo menos. Inmediatamente instaron a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre la legalidad del Acto de reforma Constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe generando una situación institucionalmente peligrosa que oportunamente salvó la Corte Constitucional al refrendar la legitimidad.

En decisión insólita cambió la jurisprudencia respecto de los procesos que tienen que ver con investigaciones contra parlamentarios acusados de tener nexos con paramilitares, ordenando que los procesos que adelantaba la Fiscalía General volvieran a la Corte Suprema, posiblemente para ahí si proceder a condenarlos sin fórmula de juicio, lo que originó reacción inmediata del Procurador quien se opone por considerar que habría violación al debido proceso.

Será posible hacer entender a los “magistrados supremos” que la seguridad integral necesaria para cimentar la estructura social tiene un altísimo componente de seguridad jurídica que depende en gran medida de sus decisiones y que su responsabilidad ante la patria es bastante mayor que la dimensión de sus egos?

*www.edgarpolo.blogspot.com

domingo, 20 de septiembre de 2009

Prueba de supervivencia
Por Edgar Polo
Jorge Trujillo, en una prueba de supervivencia después de casi once años de secuestro, suplica: “Que mi madre no llore cuando me envíe mensajes”…. Se muestra en un escenario sórdido, con una cadena al cuello y la expresión en su rostro de la esperanza perdida. Oliva Solarte, su madre, comenta: “Está como enfermo, envejecido o como sea, mi hijo está muy mal”.
En otro episodio similar, el Intendente Wilson Rojas da instrucciones: “que de mi sueldo se dé un 20% a mi hija, un 30% a mi madre y el 50% restante le fuera guardado en forma de ahorro para cuando saliera de cautiverio”.
Sin duda, se trata de mensajes íntimos que solo pertenecen a los actores de esta infame situación y a nadie más. No se explica su despliegue mediático. Juan Gossaín, director de RCN, cadena que les ha dado amplia divulgación, debe explicar a su vasta audiencia cual es la noticia, si la referencia del infortunado accidente en que pierde la vida un ciudadano cualquiera o la foto sangrante del cadáver decapitado. Publicar reiterativamente esos mensajes íntimos es meter el dedo en la herida sangrante que lacera sus almas.
Para los secuestradores, las pruebas de supervivencia constituyen parte de su estrategia, vía el dolor forzar a aceptar sus condiciones. Vicky Dávila, conductora de noticias en La FM, con más belleza que criterio, pregona: “hay que hacer lo que sea para lograr la liberación de los cautivos”. Si el gobierno accede a las condiciones que exige la guerrilla, al día siguiente ella misma sería una de las nuevas “secuestradas canjeables”.
Vía la inversión de la culpa se pretende acorralar la Sociedad. Piedad Córdoba en declaraciones de prensa dice que Uribe llegará primero que las FARC a la Corte Penal Internacional por negarse a suscribir un acuerdo humanitario. Acepta que las FARC tienen ese triste destino. Lo humanitario es liberar a los cautivos en la misma forma en que fueron plagiados, no más.
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